El Ministerio de Salud oficializó el procedimiento que exige un seguro previo o el pago del servicio para la atención de pacientes extranjeros sin residencia, una medida que genera dudas de aplicación e interrogantes éticos en la comunidad médica.
A través de la Resolución 1066/2026 firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el Gobierno nacional estableció que los establecimientos sanitarios bajo administración del Estado Nacional comenzarán a cobrar la atención médica a personas extranjeras que no tengan residencia en el país. La normativa se apoya en las modificaciones a la Ley de Migraciones introducidas mediante un DNU en 2025 y busca estandarizar el "Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras" con el fin de regular los flujos administrativos y financieros del sector público.
De acuerdo con lo estipulado en el Boletín Oficial, para acceder a tratamientos o consultas habituales en los hospitales nacionales, los pacientes no residentes deberán cumplir previamente con uno de dos requisitos: presentar un seguro de salud vigente con cobertura aplicable o abonar de manera anticipada el costo del servicio médico requerido, fijado según los aranceles de la autoridad sanitaria. Sin embargo, la medida ha comenzado a despertar observaciones respecto a su viabilidad legal y los vacíos normativos en situaciones críticas.
Especialistas del ámbito académico y de la salud, como el doctor Rogelio Pizzi (prorrector de Cooperación Universitaria), advirtieron que la norma es compleja de implementar en la práctica cotidiana. Pizzi remarcó los dilemas éticos que impone esta regulación frente a la formación humanista de la medicina y subrayó las dificultades administrativas al intentar distinguir formalmente entre emergencias y urgencias, recordando que la prioridad de los profesionales de la salud debe centrarse siempre en atender el dolor y la necesidad inmediata del paciente.
El oficialismo obtuvo 44 firmas en comisiones con el respaldo de bloques aliados y el proyecto llegará al recinto el 26 de agosto. Para destrabar el acuerdo, se prohibió que altos cargos públicos accedan a los beneficios e inmunidades tributarias.
2026-08-12 20:45:46
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